"¿Y por qué ahora no tenemos casa?" Fue la pregunta repetida hasta el hartazgo en los últimos dos días en Tribunales, en un clima caldeado por la indignación.

El motivo del enfado responde a que las 227 viviendas construidas por un convenio entre el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ) en Los Pocitos finalmente fueron entregadas, pero varias familias se quedaron sin viviendas. El grupo de "indignados" esgrime que tienen comprobantes de ingreso al plan de viviendas, por el que abonaron entre $ 2.000 y $ 6.000, que los convierten en "adjudicatarios al plan de viviendas de AGEJ". Así consta en el comprobante de pago firmado por Ada Altuve, secretaria general de Agej.

Los manifestantes indicaron que hubo desinformación e inoperancia por parte de personal del gremio. "En marzo de 2010 empezamos a ver irregularidades. Por el 'boca en boca', nos enteramos que medio mundo había comprado casas ahí, cuando sólo eran 227. Creemos que hubo reventa, porque hay más adjudicatarios que la cantidad de viviendas en disponibilidad", recordó Mabel Martínez.

Desde el grupo suponen que una trama de corrupción gremial llevó a que se genere esa situación. Además, consignaron que en diferentes ocasiones les solicitaron más dinero para ingresar en los listados para las viviendas, pero que no hicieron la denuncia judicial por temor. Érica Ibarra, también damnificada, dijo que continuarán con las medidas hasta que se esclarezca el problema y tengan una solución. "Llevamos años esperando por estas viviendas, y ahora nos damos con que quedamos fuera del listado. Presentamos todos los papeles. Hubo una reventa gigantesca", consignó. La mujer agregó que recibió aprietes en 2010 a causa de las denuncias realizadas -en ese entonces- a los medios.

Algunos de los 71 denunciantes de 2010 iniciaron una causa contra Altuve por estafas, pero muchos desistieron. Desde hace cinco meses la causa se encuentra en el Juzgado de Instrucción de la III° Nominación, a cargo del juez Francisco Pisa.

"Oscuras intenciones"

Altuve, que se encuentra en Buenos Aires, desestimó las quejas. "No hay ni defraudación ni estafa. Invito a que hagan por escrito las denuncias. Calculo que 45 personas están reclamando. Mucha de la gente que estaba ayer fue mandada por terceros que tienen oscuras intenciones", se escudó. La titular del gremio de los judiciales indicó que "a todos se les va a solucionar la situación, pero no queremos violencia, sino respeto". "Hay casas para todos", añadió.

El interventor del Instituto de Vivienda, Gustavo Durán, aclaró que desde su repartición no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto. "Nosotros creemos que se trata de una confusión muy grande. El Ipvdu no tiene ninguna responsabilidad en la selección de postulantes para ser beneficiarios de las 227 viviendas de Los Pocitos. El Instituto tiene dos formas de construir viviendas: una es de demanda libre, y la otra es con entidades intermedias (en este caso, el gremio judicial). El listado depende del AGEJ. Nosotros sólo corroboramos que los interesados cuenten con los requisitos establecidos en el plan Fonavi", se desligó Durán. Además, agregó que otras 340 viviendas se están construyendo en Las Talitas, para el mismo gremio.